Se suspende o niega visa a 21 bolivianos. Washington dice que actuará contra quienes socaven gobiernos mediante corrupción o narcotráfico. Desde Diputados y Senadores piden información oficial y que el fiscal general se aparte del caso
La noticia causó asombro en la comunidad boliviana y medios de prensa internacionales. Estados Unidos anunció ayer la revocación o restricción de visas para 27 ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, dentro de una nueva política contra personas a las que acusa de socavar gobiernos elegidos democráticamente mediante corrupción o narcotráfico. Bolivia concentra la mayor cantidad de afectados y el caso de mayor impacto es el del fiscal general Roger Mariaca, señalado públicamente por Washington por presunta corrupción significativa vinculada con la protección al narcotráfico.
El Departamento de Estado informó que la medida responde a los compromisos asumidos en la iniciativa Escudo de las Américas y se sustenta en la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Washington sostiene que la norma permite restringir el ingreso cuando las actividades de un extranjero pueden tener consecuencias adversas para su política exterior.
En Bolivia, Estados Unidos revocó las visas vigentes de 12 ciudadanos y estableció restricciones para otros nueve que actualmente no tienen visa, impidiéndoles obtenerla en el futuro. La lista incluye fiscales, jueces, un magistrado constitucional, exautoridades, un coronel de la Policía y un empresario. Entre los nombres figuran el exministro de Justicia Iván Lima, el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y otras autoridades y exautoridades del sistema judicial.
Pero la medida contra Mariaca fue presentada por separado. El Departamento de Estado lo designó públicamente por corrupción significativa y sostuvo que habría abusado de su cargo al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia. Washington añadió que esas acciones pondrían en peligro los esfuerzos de Trump contra el narcoterrorismo y debilitarían las instituciones democráticas que Bolivia busca fortalecer como integrante del Escudo de las Américas.
Reacciones
La determinación provocó una reacción inmediata del Gobierno boliviano. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, calificó los señalamientos contra Mariaca como “bastante graves” y anunció que el Gobierno solicitará oficialmente a Washington información complementaria y los elementos probatorios que sustentaron la decisión. El Ejecutivo sostuvo que esa documentación debe permitir establecer qué hechos pueden ser investigados en Bolivia.
La presión también llegó desde el Legislativo. Los presidentes del Senado y de Diputados, Diego Ávila y Roberto Castro, solicitaron que Mariaca se aparte del ejercicio de sus funciones mientras se esclarecen los señalamientos. Ambos pidieron además que el vicepresidente Edmand Lara convoque a una sesión urgente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y que la Cancillería gestione ante Estados Unidos toda la información oficial disponible.
Mariaca respondió desde la sede de la Fiscalía General del Estado y rechazó que una decisión adoptada en Washington pueda poner en duda su carrera o condicionar el trabajo del Ministerio Público. Dijo que Bolivia respeta las decisiones soberanas de otros Estados, pero reclamó el mismo respeto para sus instituciones y autoridades. “Investigar no significa condenar”, afirmó, al sostener que corresponde dejar que las pruebas y los tribunales determinen qué ocurrió.
El fiscal general aseguró que continuará con los casos que tiene bajo su responsabilidad. Mencionó el denominado caso Cerimedo, investigaciones por presunta legitimación de ganancias ilícitas y posibles vínculos con narcotráfico, el caso Narcomaderas y procesos relacionados con el combustible y el crudo.
El Ejecutivo evitó respaldar directamente el pedido de salida del fiscal general. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, recordó que Mariaca fue designado por la Asamblea Legislativa y sostuvo que cualquier determinación deberá respetar las competencias de cada órgano. El Gobierno reiteró que espera conocer la documentación oficial de Washington antes de adoptar nuevas acciones.
En paralelo, el presidente de Diputados sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a conocer resultados verificables y que, si los señalamientos no tienen sustento, también corresponde aclararlo ante el país.
Según el constitucionalista José Luis Santistevan, el camino para esclarecer los señalamientos contra Mariaca debe pasar por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Plantea que la ALP active de oficio un proceso de investigación y responsabilidades contra el fiscal general, conforme a los procedimientos establecidos en las leyes 044 y 612, y que solicite a Estados Unidos las pruebas que sustentan sus acusaciones. A partir de un informe concluyente, sostiene que corresponde determinar las responsabilidades que pudieran existir.
El episodio deja tres frentes abiertos en Bolivia. El primero es diplomático: el Gobierno debe gestionar ante Washington la información que sustenta las acusaciones. El segundo es institucional: la Asamblea deberá definir si corresponde activar mecanismos de investigación sobre el fiscal general. Y el tercero es judicial, porque los señalamientos estadounidenses deberán ser contrastados con pruebas y procedimientos dentro del ordenamiento boliviano.
La decisión de Estados Unidos no constituye una sentencia en Bolivia, pero coloca a la máxima autoridad del Ministerio Público en el centro de una controversia internacional. Washington sostiene que actuó sobre la base de información, pero el fiscal rechaza las acusaciones y el Gobierno pide conocer las pruebas.
Fuente: El Deberhttps://eldeber.com.bo/pais/eeuu-sanciona-mariaca-alp-pide-investigar-caso-abre-via-constitucional_1790679458